Cada vez que un ciudadano dominicano tiene que llevar un papel de una institución a otra, el Estado le está trasladando un costo que le corresponde asumir a él. Ese papel existe porque dos oficinas públicas, que pertenecen al mismo Estado y responden al mismo presupuesto, no se hablan entre sí.
La interoperabilidad es exactamente eso: la capacidad de que una institución pueda pedirle a otra un dato que ya tiene, en tiempo real, de forma segura y trazable, sin que el ciudadano tenga que hacer de mensajero. No es una plataforma que se compra. Es un acuerdo que se negocia, se estandariza y se sostiene en el tiempo.
Lo difícil nunca fue el software
La tecnología para hacerlo existe hace años y está probada: buses de servicios, estándares de intercambio, firma electrónica, registros de auditoría. Lo difícil es que una institución acepte que un dato que hoy custodia en exclusiva pase a ser consultable por otra. Eso toca poder, no arquitectura.
No cuántas instituciones están conectadas, sino cuántos trámites dejaron de pedirle papeles al ciudadano.
El efecto secundario más valioso es la auditabilidad
Cuando se logra, el efecto es medible y es inmediato. Un trámite que exigía tres certificaciones pasa a exigir cero. Un expediente que tardaba semanas se resuelve en días. Y aparece algo más valioso que la velocidad: la trazabilidad. Si cada consulta entre instituciones queda registrada, se sabe quién pidió qué, cuándo y para qué.
La interoperabilidad bien hecha no solo agiliza el Estado; lo hace auditable. Esa es una consecuencia que rara vez se menciona cuando se discute el tema en clave tecnológica.
Es una capacidad que se construye por acumulación, y que se pierde si se deja de mantener.
El error frecuente es tratarla como un proyecto con fecha de cierre. No lo es. Cada institución nueva que se conecta, cada servicio que se estandariza, cada registro que se abre a consulta amplía la red.